Iniciativa municipal para reclamar asistencia sanitaria cercana y de calidad

08/07/2013

Texto: Marian Zozaya La Merindad de Sangüesa ha lanzado una iniciativa legislativa popular sin precedentes en materia de salud, cuyo texto presentado el 17 de junio en la Federación Navarra de Municipios y Concejos se ha enviado a los ayuntamientos para su debate y aprobación con la idea de darle entrada en el Parlamento después del verano, y extenderla al resto de las zonas de salud de Navarra. Impulsada por los cargos electos, profesionales sanitarios y habitantes de los valles pirenaicos, la iniciativa de los ayuntamientos pretende regular y promover los derechos de la población de las zonas rurales de Navarra, para lograr una asistencia sanitaria de calidad, sea cual sea el gobierno de turno. Busca ahora el respaldo de la mayoría de la Merindad, o al menos el suficiente para que pueda progresar: un tercio de los municipios que representen al 50% de la población, por lo que es preciso el respaldo de núcleos más poblados como Egüés, Huarte, Burlada o Noáin. En su presentación, los alcaldes de Sangüesa, Ángel Navallas, y de Aoiz, Unai Lako, (a los que acompañaban representantes de Erronkari, Zaraitzu, Aezkoa, Erro y Espinal) hicieron de correa de transmisión de los promotores que rondan los 6.000 habitantes de los 82.369 totales de la Merindad, residentes en 65 localidades. El hecho de ser los más alejados de los servicios hospitalarios y su especial orografía hizo que el año pasado firmaran un primer documento el 95% de sus cargos. La iniciativa parte de la necesidad de avanzar en criterios de equidad y accesibilidad en los servicios sanitarios, y se propone regular prestaciones y derechos de la población de las zonas rurales, en lo que se refiere a atención sanitaria primaria y continuada, urgencias y atención especializada, para que sea de calidad. Se apoya en la Ley Foral 17/2010 de los derechos y deberes en esta materia que se sustentan en los principios de los cuidados sanitarios "sin que pueda producirse discriminación alguna", y en la accesibilidad universal como segundo. Desigualdad en los servicios En la memoria preliminar de la iniciativa, sus impulsores dejan claro la evidencia de que las zonas rurales no pueden contar con los mismos servicios a los que tienen acceso las zonas urbanas, "pero sí con todos los servicios adaptados a sus circunstancias para que no se conviertan en ciudadanos y ciudadanas de segunda". Por lo tanto, añaden, es necesario determinar cuáles son las prestaciones y los criterios para garantizar el derecho general a una asistencia de calidad, que sólo se alcanzará, a su juicio, elaborando un análisis cualitativo y no cuantitativo, basado en los conceptos de riesgos y coberturas exigibles para todas las personas independientemente de donde vivan o se encuentren; teniendo en cuenta que hay que garantizar las prestaciones, y hacerlo en tiempos asumibles científicamente. Consideran indispensable partir de un diagnóstico y evaluación de necesidades, según las zonas, garantizando la participación efectiva de los entes locales, profesionales de la zona y de la población afectada, para enfocarlo después desde una perspectiva global. 19 artículos El texto está estructurado en diecinueve artículos, y contiene además de los objetivos de derechos de cobertura sanitaria, su ámbito de aplicación, que incluye a todas las personas empadronadas o residentes en las zonas rurales de Navarra (todas las zonas básicas de Salud, salvo Pamplona y comarca), además de las que se alojen ocasionalmente, transiten o circulen. Comprende asimismo, la definición del nivel de calidad y los tiempos de respuesta, y pretende garantizar en lo que se refiere a urgencias graves y emergencias, la llegada del personal sanitario con el equipo necesario en un tiempo máximo de 20 minutos, y en su caso, la llegada del paciente al hospital en el máximo de una hora. Contempla las guardias de presencia física como la fórmula más efectiva posible, circuitos especiales de citación para las zonas rurales alejadas más de 20 kilómetros de los servicios de atención especializada, y garantizar la atención primaria continuada. Este contenido estaba previsto explicarlo a los ayuntamientos el 26 de junio, en Sangüesa. "Tenemos que entender que es un tema que afecta a toda la Merindad", insistió Amparo Viñuales, sanitaria y concejal de Erronkari, en el acto junto a Navallas y Lako. Oposición al decreto foral El Decreto Foral 131/2012 que regulaba horario y funcionamiento de los centros sanitarios de Atención Primaria y de los puntos de Atención Continuada y Urgente, contó con la oposición frontal de todos los agentes implicados en el proceso, tanto profesionales sanitarios, como de la mayoría política, sindical y social de Navarra. Pero fue en los valles pirenaicos donde la protesta cogió fuerza y, sobre todo, logró la unidad necesaria para luchar por lo que, entendían, suponía un grave retroceso en la calidad asistencial, especialmente en sus pueblos en los que desaparecían puntos de atención y se volvían a implantar las guardias localizadas, desaparecidas desde el año 2008. "Nos pusimos a temblar y vimos claramente que nos afectaba a todos, por lo que nos teníamos que implicar", recordaba Amparo Viñuales en su doble condición de profesional sanitaria y concejal del Ayuntamiento de Roncal, que ha formado parte de la iniciativa desde sus orígenes, y será la encargada de presentarla en el Parlamento como representante legal. La sociedad, en general, se preocupó por las medidas que alargarían los tiempos de demora en las urgencias que podrían ser vitales, y el deterioro de la calidad asistencial, unido al de las condiciones laborales y el empleo. Finalmente, el 14 de febrero se derogó el decreto, con la obligación de realizar en un año una verdadera evaluación de las zonas rurales con todos los agentes implicados: municipios y profesionales. Se solicitó una ponencia en el Parlamento para tratar de acordar una propuesta en la zona rural con la participación de los colectivos afectados, pero la iniciativa fue rechazada. De este modo, el Pirineo llega a la iniciativa pionera que tratarán de extender por Navarra. Ahora se intenta lograr el apoyo de su merindad. "Lo menos que podemos hacer es asumir el texto y aprobarlo en los ayuntamientos, y es el mínimo ético y moral que le pedimos al Gobierno", recalcaba Unai Lako, alcalde de Aoiz. Por su parte, el de Sangüesa, Ángel Navallas, pedía solidaridad. "Que el que tiene el hospital a cinco minutos se acuerde del que vive en la montaña".

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